EDITORIAL
El cierre de año 2017 no nos deja un panorama alentador, el hecho de no evitar que ocurrieran más muertes en Colombia debe dejarnos un parte negativo y lamentable en este año. No se conocen con exactitud las cifras de muertes, pueden oscilar entre 80, 100 o 120 las personas asesinadas, los líderes sociales, personas de comunidades muy apartadas, colombianos y colombianas que perdieron la vida sin que el Gobierno colombiano asumiera las medidas correspondientes para atajar este tipo de acciones que siguen atentando contra la población civil, contra los más vulnerables.
Esta realidad y otras evidencias demuestran que la superación de conflicto armado no solo dependía del proceso de conversaciones entre el Gobierno y las FARC. Si bien, hay unos resultados positivos especialmente con el cese bilateral al fuego y con el paso de las FARC a la vida civil, a través, de la concentración de los combatientes en las Zonas Veredales, la dejación de armas y la conformación de un partido político; es lamentable el incumplimiento del Gobierno en materia de la generación de condiciones para el proceso de reincorporación a la vida civil de los excombatientes y en general la implementación de los acuerdos.
El balance en términos de la tramitación de los acuerdos, a través, del Congreso de la República. Un mecanismo como el fast track, es bastante negativo, el congreso de la república solo aprobó en 12 meses 11 normas entre ellas: 5 actos legislativos, 2 leyes estatutarias, 2 leyes orgánicas y 2 leyes ordinarias y 1 acto legislativo aún está en vilo, del cual fueron archivados 8 proyectos porque no se alcanzó a terminar su trámite, entre ellos un acto legislativo, una ley estatutaria, una ley orgánica y cinco proyectos de ley ordinaria; y finalmente el gobierno no presento al congreso ocho proyectos de normas priorizadas en el acuerdo final.
De los asuntos más claves en los acuerdos y para responder a las centralidad de las victimas era la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición. Sin embargo, este importante componente de los acuerdos fue disminuido por la Corte Constitucional limitando el carácter de la JEP y dejando abierta la prolongación de la impunidad.
De manera paralela se da la controversia por el carácter de las circunscripciones especiales de paz, figuras que abrían la oportunidad para que víctimas, lideres sociales de la regiones más azotadas por la violencia participarán y tuvieran voz y voto en el Congreso de la República, esa controversia ha desencadenado en una limitada para la aprobación de la ley que regulaba esta disposición y hoy falta esperar el concepto del presidente del Senado para redimir esta controversia.
Con este panorama, fácil de dudar de estar caminando por las sendas de la paz y especialmente cuando se avecina la jornada electoral que no muestra mayores indicios de apuestas claras por la implementación de los acuerdos logrados en La Habana, esperemos que lo nuevos legisladores y el nuevo gobierno se pongan la mano en el corazón y se trace horizontes de cara a las transformaciones necesarias en el país.
